Seat exeo | Zaragoza | 6.175
Hasta ahora, perseguir a un conductor que había cometido una infracción lejos de su país de origen era una tarea casi imposible… una impunidad que está a punto de acabarse. El Parlamento Europeo ha aprobado una directiva que refuerza el intercambio de información entre los países miembros de la Unión, de manera que las multas lleguen al infractor. Esta colaboración se aplicará para infracciones como el exceso de velocidad, no llevar el cinturón de seguridad, saltarse un semáforo en rojo, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, hablar por teléfono al volante, circular por una vía no permitida (como el carril bus), no llevar el casco y no respetar la distancia de seguridad. Las multas de aparcamiento quedan excluidas. Una vez aprobada la normativa en el Parlamento Europeo, la directiva tendrá que recibir ahora el visto bueno del Consejo para que tenga validez. Una vez que esto ocurra, los países miembros tendrán un periodo de dos años para implantarla. Esta iniciativa ha partido de la socialista española Inés Ayala, quien ha englobado esta propuesta dentro de un plan global para reducir la siniestralidad en las carreteras europeas: “El objetivo que nos hemos dado para el periodo 2010-2020 de reducir a la mitad las víctimas mortales en la carretera nos exige nuevas medidas, y medidas importantes”. “La que hoy les propongo, que es fruto de un acuerdo y de una larga historia iniciada en 2008 (…) se contabilizaba que, al menos, podíamos evitar 400 víctimas mortales cada año, sin contar también los heridos”, ha asegurado. Esta directiva comunitaria obligará a las autoridades del país de matriculación a comunicar los datos del conductor -nombre y dirección- al país de la Unión Europea donde se haya cometido la infracción. A renglón seguido, este país remitirá una carta al infractor en su idioma informando de la infracción cometida y del importe de la multa. El país de origen del conductor podrá pasar información al Estado interesado, pero nunca podrá imponer una sanción por cuenta propia. Una vez que el procedimiento se haya cerrado, la información sobre el infractor tendrá que ser destruida.
